La eliminación del subsidio al diésel en Ecuador representa una de las decisiones económicas más relevantes de los últimos años. El cambio busca ordenar las finanzas del Estado, mejorar la eficiencia del gasto público y corregir distorsiones generadas por más de cinco décadas de subsidio, al tiempo que plantea impactos diferenciados en hogares, transporte y producción.
Nuevo precio del diésel
- Desde el 13 de septiembre de 2025, el precio oficial del galón de diésel se fijó en 2,80 dólares, frente al valor anterior de 1,80.
- Con esta medida, el país cierra un ciclo de más de 50 años de subsidio, implementado originalmente como mecanismo de apoyo social y productivo.
- El Gobierno argumenta que el precio anterior incentivaba el contrabando hacia países vecinos y beneficiaba en mayor medida a sectores de altos ingresos o empresas con gran consumo, antes que a la población vulnerable.
Impacto en la canasta básica
- El efecto directo sobre los precios de los alimentos se estima moderado: alrededor de 2 dólares adicionales por hogar cada mes.
- Este incremento responde al alza en los costos de transporte y producción de bienes de consumo masivo.
- Entre los productos más sensibles están el arroz, la papa, el banano y la leche, que requieren mayor uso de transporte en su cadena de distribución.
- Se espera que la inflación mensual registre un leve aumento en el corto plazo, aunque no se proyectan cambios drásticos en el costo general de la canasta básica.
Transporte y producción
- El sector del transporte es uno de los más afectados, ya que el diésel representa más del 40% de sus costos operativos.
- Camioneros, transportistas de carga pesada y cooperativas interprovinciales advierten sobre la necesidad de ajustes para sostener su actividad.
- En respuesta, el Gobierno anunció un plan de compensación que contempla:
- Bonos de hasta 1.000 dólares para transportistas registrados.
- Créditos preferenciales para pequeños productores agrícolas y pesqueros.
- Apoyos específicos para el transporte público, con el objetivo de evitar un alza inmediata en las tarifas urbanas.
- Estos mecanismos buscan mitigar los impactos directos en los sectores más dependientes del combustible.
Ahorro fiscal
- La eliminación del subsidio al diésel permitirá un ahorro estimado de 1.100 millones de dólares al año.
- Con esta reducción, el gasto total en subsidios a combustibles se proyecta en 1.310 millones de dólares para 2026.
- El gas licuado de petróleo (GLP) continuará recibiendo subsidio, con un costo aproximado de 870 millones de dólares anuales, lo que garantiza que este producto de uso doméstico no se encarezca para los hogares.
- El Ejecutivo señala que los recursos liberados se destinarán a inversión social, infraestructura y programas de apoyo productivo, fortaleciendo la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Opiniones y reacciones sociales
- Economistas y analistas financieros destacan que la decisión era necesaria para reducir el déficit fiscal y mejorar la competitividad del país.
- Algunos la consideran una medida “histórica” que permitirá liberar recursos hacia sectores más prioritarios, como salud y educación.
- Sin embargo, organizaciones sociales, gremios de transportistas y grupos indígenas han manifestado preocupación por los posibles efectos en el consumo, el empleo y las condiciones de vida de las familias.
- La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) advirtió que podría organizar movilizaciones en rechazo a la medida, lo que revive la memoria de las protestas de 2019.
- El ambiente social se mantiene expectante mientras los distintos sectores evalúan los alcances de la decisión.
Destino de los recursos
- El Gobierno insiste en que los fondos generados por la eliminación del subsidio no quedarán como ahorro inactivo, sino que serán redistribuidos en áreas estratégicas.
- Se prevé que parte de estos recursos financien programas de transferencias directas a los hogares más vulnerables.
- Otro porcentaje se dirigiría a proyectos de infraestructura y al fortalecimiento del sistema productivo nacional.
- Con estas acciones, el Ejecutivo busca mostrar que la medida no solo tiene un componente fiscal, sino también social y de inversión a mediano plazo.
